Desde Las Palmas podíamos decir infididad de valores que poseemos los miembros del C.N.P.
Con la desgracia ocurrida en la coruñesa playa de Orzan, nos haremos eco de uno de los tuits de @policía y decir:
"SÓLO EL ENORME ORGULLO POR EL VALOR Y VOCACIÓN DE NUESTROS TRES COMPAÑEROS EN ORZÁN RECONFORTA ALGO LA INMENSA PREOCUPACIÓN DE 76.000 POLICÍAS"
FRANCISCO J. BASTIDA CATEDRÁTICO DE DERECHO CONSTITUCIONAL Con el funcionariado está sucediendo lo mismo que con la crisis económica. Las víctimas son presentadas como culpables y los auténticos culpables se valen de su poder para desviar responsabilidades, metiéndoles mano al bolsillo y al horario laboral de quienes inútilmente proclaman su inocencia. Aquí, con el agravante de que al ser unas víctimas selectivas, personas que trabajan para la Administración pública, el resto de la sociedad también las pone en el punto de mira, como parte de la deuda que se le ha venido encima y no como una parte más de quienes sufren la crisis. La bajada salarial y el incremento de jornada de los funcionarios se aplaude de manera inmisericorde, con la satisfecha sonrisa de los gobernantes por ver ratificada su decisión.
Detrás de todo ello hay una ignorancia supina del origen del funcionariado. Se envidia de su status -y por eso se critica- la estabilidad que ofrece en el empleo, lo cual en tiempos de paro y de precariedad laboral es comprensible; pero esta permanencia tiene su razón de ser en la garantía de independencia de la Administración respecto de quien gobierne en cada momento; una garantía que es clave en el Estado de derecho. En coherencia, se establece constitucionalmente la igualdad de acceso a la función pública, conforme al mérito y a la capacidad de los concursantes. La expresión de ganar una plaza en propiedad responde a la idea de que al funcionario no se le puede expropiar o privar de su empleo público, sino en los casos legalmente previstos y nunca por capricho del político de turno. Cierto que no pocos funcionarios consideran esa propiedad en términos patrimoniales y no funcionales y se apoyan en ella para un escaso rendimiento laboral, a veces con el beneplácito sindical; pero esto es corregible mediante la inspección, sin tener que alterar aquella garantía del Estado de derecho.
Los que más contribuyen al desprecio de la profesionalidad del funcionariado son los políticos cuando acceden al poder. Están tan acostumbrados a medrar en el partido a base de lealtades y sumisiones personales, que cuando llegan a gobernar no se fían de los funcionarios que se encuentran. Con frecuencia los ven como un obstáculo a sus decisiones, como burócratas que ponen objeciones y controles legales a quienes piensan que no deberían tener límites por ser representantes de la soberanía popular. En caso de conflicto, la lealtad del funcionario a la ley y a su función pública llega a interpretarse por el gobernante como una deslealtad personal hacia él e incluso como una oculta estrategia al servicio de la oposición. Para evitar tal escollo han surgido, cada vez en mayor número, los cargos de confianza al margen de la Administración y de sus tablas salariales; también se ha provocado una hipertrofia de cargos de libre designación entre funcionarios, lo que ha suscitado entre éstos un interés en alinearse políticamente para acceder a puestos relevantes, que luego tendrán como premio una consolidación del complemento salarial de alto cargo. El deseo de crear un funcionariado afín ha conducido a la intromisión directa o indirecta de los gobernantes en procesos de selección de funcionarios, influyendo en la convocatoria de plazas, la definición de sus perfiles y temarios e incluso en la composición de los tribunales. Este modo clientelar de entender la Administración, en sí mismo una corrupción, tiene mucho que ver con la corrupción económico-política conocida y con el fallo en los controles para atajarla.
Estos gobernantes de todos los colores políticos, pero sobre todo los que se tildan de liberales, son los que, tras la perversión causada por ellos mismos en la función pública, arremeten contra la tropa funcionarial, sea personal sanitario, docente o puramente administrativo. Si la crisis es general, no es comprensible que se rebaje el sueldo sólo a los funcionarios y, si lo que se quiere es gravar a los que tienen un empleo, debería ser una medida general para todos los que perciben rentas por el trabajo sean de fuente pública o privada. Con todo, lo más sangrante no es el recorte económico en el salario del funcionario, sino el insulto personal a su dignidad. Pretender que trabaje media hora más al día no resuelve ningún problema básico ni ahorra puestos de trabajo, pero sirve para señalarle como persona poco productiva. Reducir los llamados moscosos o días de libre disposición -que nacieron en parte como un complemento salarial en especie ante la pérdida de poder adquisitivo- no alivia en nada a la Administración, ya que jamás se ha contratado a una persona para sustituir a quien disfruta de esos días, pues se reparte el trabajo entre los compañeros. La medida sólo sirve para crispar y desmotivar a un personal que, además de ver cómo se le rebaja su sueldo, tiene que soportar que los gobernantes lo estigmaticen como una carga para salir de la crisis. Pura demagogia para dividir a los paganos. En contraste, los políticos en el poder no renuncian a sus asesores ni a ninguno de sus generosos y múltiples emolumentos y prebendas, que en la mayoría de los casos jamás tendrían ni en la Administración ni en la empresa privada si sólo se valorasen su mérito y capacidad. Y lo grave es que no hay propósito de enmienda. No se engañen, la crisis no ha corregido los malos hábitos; todo lo más, los ha frenado por falta de financiación o, simplemente, ha forzado a practicarlos de manera más discreta.
La dirección de la pagina donde figura el artículo es la siguiente:
http://www.lne.es/opinion/2012/01/15/desprecio-politico-funcionariado/1184310.html
DOS DELEGADOS DEL SINDICATO EN LA COMISARIA DE AEROPUERTO DE G.C. FUERON EXPEDIENTADOS (04/08)…
Y FINALMENTE SANCIONADOS
¡¡¡QUE EXTRAÑO!!!
HA PASADO EL TIEMPO…
…Y EL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DE CANARIAS, SALA DE LO CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO(192-10) LES DA LA RAZON A LOS DELEGADOS SINDICALES DE U.F.P. Y ANULA LA RESOLUCIÓN POR LA CUAL LES SANCIONARON… AL SER CONTRARIA A DERECHO.
¡¡¡QUE RARO!!!
AHORA QUE…
DEFENSA DE LOS POLICÍAS
Quienes prefirieron la violencia al ejercicio pacífico de sus derechos fueron los que agredieron a los policías y a los ciudadanos a quienes ellos defendían. Esos delincuentes han gozado en todo momento de la protección del Estado de Derecho al que ellos atacan. ETA es una organización terrorista y no un grupo separatista.
La organización privada Human Rights Watch (HRW) ha publicado su informe anual sobre derechos humanos cuyo contenido se daba a conocer esta semana. Esta organización se refiere a unos supuestos informes relativos al uso excesivo de la fuerza en Madrid y otros lugares a la hora de disolver las concentraciones y manifestaciones ilegales que se produjeron en España durante los meses de mayo y junio. También recoge unas supuestas acusaciones de uso excesivo de la fuerza durante las protestas contra la visita del Papa a Madrid.
En su informe, HRW omite las agresiones que sufrieron los policías y viandantes a manos de los concentrados y manifestantes. Tampoco señala las pérdidas de los comerciantes de los lugares ocupados ni las agresiones sufridas por los peregrinos que acudieron a la Jornada Mundial de la Juventud en el mes de agosto. Por fin, esta organización tampoco precisa qué informes acoge ni quién los ha elaborado ni menciona resoluciones judiciales ni administrativas que ratifiquen las manifestaciones que vierte en su informe.
La situación económica y financiera que atraviesa España está teniendo consecuencias en nuestra sociedad con gravísimos problemas de desempleo y situaciones objetivamente dramáticas de millones de personas que empiezan a sufrir el largo calvario de no poder trabajar.
Estos millones de personas, hombres y mujeres, jóvenes y mayores, españoles e inmigrantes, necesitan todo el apoyo de nuestros gobernantes y de aquellos que si tenemos la suerte de tener trabajo y que, con esfuerzo, estamos realizando los sacrificios que nos han pedido los gobiernos de turno.
En las actuales circunstancias, ciertos autodenominados movimientos sociales, que intentan eludir las normas comunes de todos, se han dedicado a verdaderas campañas de delincuencia orquestada amenazando a la sociedad en su conjunto y a todos aquellos ciudadanos que cumplen escrupulosamente con sus obligaciones. Por desgracia, los delincuentes tratan de sacar provecho de la crisis a costa de la inmensa mayoría de ciudadanos honrados que ejercen sus derechos dentro del marco de convivencia democrático que nuestra sociedad se ha dado.
Así, durante las concentraciones de los meses de mayo a agosto, España sufrió toda suerte de altercados, ocupaciones, daños, defraudaciones, usurpaciones y un amplísimo catálogo de ilícitos penales que abarcaban desde las lesiones hasta el atentado. Algunos manifestantes y concentrados prefirieron la violencia y la agresión al ejercicio pacífico de unos derechos que nadie les coartaba. Frente a ellos, en defensa de los ciudadanos, de la libertad y de la ley, estuvieron y estarán siempre los funcionarios del Cuerpo Nacional de Policía.
Desde la Unión Federal de Policía, debemos recordar una vez más que esta situación que no tiene una única solución policial. No es sólo la presencia de un mayor número de policías en las calles de nuestras sociedades la única respuesta para un gravísimo problema. Ahora bien, los organizadores de la delincuencia orquestada deben saber que los problemas que afrontamos tampoco se resolverán con la insumisión social, el incumplimiento de las obligaciones como ciudadanos ni el enfrentamiento con los policías.
Así, el uso excesivo de la fuerza fue el de aquellos que atropellaron a los comerciantes de las plazas ocupadas y el de quienes insultaron y humillaron a los asistentes a los actos de la visita del Papa. Quienes prefirieron la violencia al ejercicio pacífico de sus derechos fueron los que agredieron a los policías y a los ciudadanos a quienes ellos defendían. Esos delincuentes han gozado en todo momento de la protección del Estado de Derecho al que ellos atacan.
Por desgracia, HRW incurre en más errores en su informe. Por señalar alguno, ETA es una organización terrorista y no un grupo separatista como HRW menciona.
La Unión Federal de Policía ha denunciado muchas veces los instrumentos de trabajo insuficientes, la falta de medios de autoprotección, el constante incumplimiento de la normativa en materia de riesgos laborales, la ausencia de protocolos de actuación que determinen cuales son las actuaciones policiales a seguir en determinadas situaciones y un durísimo régimen disciplinario que castiga severamente las posibles disfunciones en la realización de nuestra profesión.
Ahora bien, el Cuerpo Nacional de Policía goza de una legitimidad democrática que le dan las leyes y el masivo apoyo ciudadano que lo convierte en una de las instituciones más valoradas de España. Sus funcionarios se vienen sacrificando desde hace años económica y personalmente por el bien de todos. Los policías no merecen el tratamiento que el informe de esta organización privada les da.
La Unión Federal de Policía ofrece a HRW su colaboración para que los informes que elabore en el futuro sean más imparciales, más equilibrados y mas rigurosos.
Los derechos humanos y nuestra sociedad se lo agradecerán sin duda.
Javier J. Arrillaga Rejano
Secretario General de la Unión Federal de Policía
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