Los sindicatos y asociaciones profesionales firmantes del presente manifiesto agrupan a 85.000 guardias civiles y policías; son por lo tanto ampliamente representativos y expresan el sentir mayoritario de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguidad del Estado.
Los miembros de estos colectivos tienen expresamente prohibido el derecho de huelga o de medidas sustitutivas de las mismas; el derecho de afiliación a sindicatos de clase; y hasta el derecho de crear sindicatos por ser organizaciones reivindicativas, debiendo limitarse su actividad al mero asociacionismo profesional para cuestiones estatutarias.
Esas limitaciones legales no están contempladas de manera imperativa en la Constitución: son una interpretación posterior de sus normas realizadas por los responsables políticos en el desarrollo constitucional, y por lo tanto es legítimo plantear las modificaciones y desarrollos legales que sean precisos para alcanzar plenos derechos sndicales entre los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como ocurre en otros muchos países de nuestro entorno, la Unión Europea, y en las policías autonómicas y locales de nuestro país.
Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Policía y la Guardia Civil, sufren un permanente agravio salarial en comparación con policías autonómicas y locales, que con menos riesgo, movilidad, preparación, dedicación y peligrosidad perciben salarios notablemente superiores a los nuestros.
Además, el agravio se extiende al estatuto profesional, al disponer de derechos civiles que nos son negados, y también al uso de medios materiales, más modernos y eficaces en cuanto a instrumentos operativos, y nuevos y limpios en cuanto a dependencias policiales. Igualmente, disponen de una jornada laboral bien regulada y perciben cuando realizan servicios extraordinarios contraprestaciones dineraris que no se perciben en la Guardia Civil o son ridículas en el caso de la Policía.
En esta situación penosa denunciada durante muchos años por los sindicatos y asociaciones firmantes, el Gobierno, en un contexto de crisis económica reiteradamente negada durante los dos últimos años, además de plantear una reforma laboral que consideran los sindicatos CCOO y UGT como el mayor retroceso contra los derechos delos trabajadores de los últimos treinta años, recorta unilateralmente la cuantía de las pensiones (al congelarlas), y ha impuesto un recorte salarial, una reducción del salario
de todos nosotros que, siendo variable en función de la cuantía del mismo, ha supuesto un retroceso de cinco años, el agravamiento de la brecha salarial con otras policías, y una manifestación de desprecio a nuestros derechos.
El Gobierno socialista que preside Zapatero, que había propugnado la equiparación salarial de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad con los de las policías auonómicas, ha mentido. Véase la primera entrevista como secretario general del PSOE del presidente del Gobierno, en el año 2000, en el diario del partido “El Socialista”, en cuya portada aparece Zapatero señalando que los policías y guardias civiles tienen unos salariales que les impiden cumplir on eficacia su tarea. Hoy, seis años después de su llegada a la presidencia del Gobierno, la brecha salarial se ha incrementado y nuestros salarios son prácticamente lo mismo (serían inferiores si incluyéramos la variación del IPC), que en 2004 cuando Rodríguez Zapatero fue elegido presidente del Gobierno.
Es mentira que la situación de crisis no afecte a las políticas sociales. La seguridad es una política fundamental y nunca en los últimos treinta años los miembros de las fuerzas de seguridad del Estao han estado en peor situación que ahora, por la desmotivación del agravio salarial, la rebaja del sueldo, la carencia de medios materiales y las dependencias ruinosas en las que en muchas ocasiones desarrollamos nuestra tarea.
Por estas y otras razones, las organizaciones firmantes consideramos que si las organizaciones sindicales de trabajadores tienen más razones que nunca paa convocar a la huelga general, por los graves retrocesos que para sus derechos ha planteado el Gobierno, nosotros, por solidaridad con los ciudadanos a los que servimos, con las organizaciones que los representan, y porque también la situación en las fuerzas de seguridad estatales así lo aconsejan, hemos decidido manifestar nuestro APOYO A LA HUELGA GENERAL CONVOCADA PARA EL PRÓXIMO 29 DE SEPTIEMBRE.
Por el presente manifiesto pedimos a todos los miembros de la policía y la Guardia Civil que cumplan con su obligación, con la legalidad vigente, y que contribuyan a que la huelga general sea un éxito, tratando con el respeto y la consideración que se merecen los piquetes informativos de trabajadores, que ejercen una actividad legal.
Los miembros de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía no harán huelga pero deben oponerse a cualquier orden que recian para entorpecer u obstaculizar el ejercicio de dicho derecho por los trabajadores.
La huelga general es un derecho constitucional que nosotros estamos obligados a proteger. Servimos a la Constitución y a los ciudadanos, y si los responsables políticos o mandos de uno u otro Cuerpo imparten órdenes contrarias a la Constitución o el ejercicio delderecho de huelga, estamos obligados a denunciarlos internamente y ante nuestras organizaciones asociativas y sindicales.
En Madrid, a 6 de septiembre de 2010
Esas limitaciones legales no están contempladas de manera imperativa en la Constitución: son una interpretación posterior de sus normas realizadas por los responsables políticos en el desarrollo constitucional, y por lo tanto es legítimo plantear las modificaciones y desarrollos legales que sean precisos para alcanzar plenos derechos sndicales entre los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, como ocurre en otros muchos países de nuestro entorno, la Unión Europea, y en las policías autonómicas y locales de nuestro país.
Los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, de la Policía y la Guardia Civil, sufren un permanente agravio salarial en comparación con policías autonómicas y locales, que con menos riesgo, movilidad, preparación, dedicación y peligrosidad perciben salarios notablemente superiores a los nuestros.
Además, el agravio se extiende al estatuto profesional, al disponer de derechos civiles que nos son negados, y también al uso de medios materiales, más modernos y eficaces en cuanto a instrumentos operativos, y nuevos y limpios en cuanto a dependencias policiales. Igualmente, disponen de una jornada laboral bien regulada y perciben cuando realizan servicios extraordinarios contraprestaciones dineraris que no se perciben en la Guardia Civil o son ridículas en el caso de la Policía.
En esta situación penosa denunciada durante muchos años por los sindicatos y asociaciones firmantes, el Gobierno, en un contexto de crisis económica reiteradamente negada durante los dos últimos años, además de plantear una reforma laboral que consideran los sindicatos CCOO y UGT como el mayor retroceso contra los derechos delos trabajadores de los últimos treinta años, recorta unilateralmente la cuantía de las pensiones (al congelarlas), y ha impuesto un recorte salarial, una reducción del salario
de todos nosotros que, siendo variable en función de la cuantía del mismo, ha supuesto un retroceso de cinco años, el agravamiento de la brecha salarial con otras policías, y una manifestación de desprecio a nuestros derechos.
El Gobierno socialista que preside Zapatero, que había propugnado la equiparación salarial de los miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad con los de las policías auonómicas, ha mentido. Véase la primera entrevista como secretario general del PSOE del presidente del Gobierno, en el año 2000, en el diario del partido “El Socialista”, en cuya portada aparece Zapatero señalando que los policías y guardias civiles tienen unos salariales que les impiden cumplir on eficacia su tarea. Hoy, seis años después de su llegada a la presidencia del Gobierno, la brecha salarial se ha incrementado y nuestros salarios son prácticamente lo mismo (serían inferiores si incluyéramos la variación del IPC), que en 2004 cuando Rodríguez Zapatero fue elegido presidente del Gobierno.
Es mentira que la situación de crisis no afecte a las políticas sociales. La seguridad es una política fundamental y nunca en los últimos treinta años los miembros de las fuerzas de seguridad del Estao han estado en peor situación que ahora, por la desmotivación del agravio salarial, la rebaja del sueldo, la carencia de medios materiales y las dependencias ruinosas en las que en muchas ocasiones desarrollamos nuestra tarea.
Por estas y otras razones, las organizaciones firmantes consideramos que si las organizaciones sindicales de trabajadores tienen más razones que nunca paa convocar a la huelga general, por los graves retrocesos que para sus derechos ha planteado el Gobierno, nosotros, por solidaridad con los ciudadanos a los que servimos, con las organizaciones que los representan, y porque también la situación en las fuerzas de seguridad estatales así lo aconsejan, hemos decidido manifestar nuestro APOYO A LA HUELGA GENERAL CONVOCADA PARA EL PRÓXIMO 29 DE SEPTIEMBRE.
Por el presente manifiesto pedimos a todos los miembros de la policía y la Guardia Civil que cumplan con su obligación, con la legalidad vigente, y que contribuyan a que la huelga general sea un éxito, tratando con el respeto y la consideración que se merecen los piquetes informativos de trabajadores, que ejercen una actividad legal.
Los miembros de la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía no harán huelga pero deben oponerse a cualquier orden que recian para entorpecer u obstaculizar el ejercicio de dicho derecho por los trabajadores.
La huelga general es un derecho constitucional que nosotros estamos obligados a proteger. Servimos a la Constitución y a los ciudadanos, y si los responsables políticos o mandos de uno u otro Cuerpo imparten órdenes contrarias a la Constitución o el ejercicio delderecho de huelga, estamos obligados a denunciarlos internamente y ante nuestras organizaciones asociativas y sindicales.
En Madrid, a 6 de septiembre de 2010
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